Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Valverde del Majano se adhirió, el pasado pleno ordinario celebrado el día 28 de febrero, a la declaración que, en este sentido ha emitido la Federación Española de Municipios y Provincias y que se reproduce al final.

Además, se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor de Valverde del Majano a partir de las 19:00 horas, con el objetivo de hacer un llamamiento a conseguir la verdadera igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.”

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ocasión del 15 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares reunidos en la FEMP firman la presente Declaración Institucional para reconocer los avances alcanzados, recordar los retos aún pendientes y alertar sobre los peligros que acechan los logros conseguidos.

Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba una ley que aspiraba a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

Una acción normativa que ha permitido que, hoy en día, hayamos normalizando conceptos como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada, lenguaje no sexista, plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, y que su defensa y disfrute sean reconocidos y respetados tanto por los sectores públicos y privados como por la ciudadanía, y reconocidos más allá de nuestras fronteras como ejemplo de gobernanza y participación.

España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, el camino se mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo, y su afianzamiento depende de la determinación incansable de quienes defienden la igualdad de género como un derecho humano reconocido universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena gobernanza, la paz y la seguridad.

Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe publicado en abril de 2020, la crisis originada como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 amenazaba el progreso limitado logrado en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, y recomendaba formas para colocar el liderazgo y las contribuciones de las mujeres en el corazón de la resiliencia y la recuperación.

En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la 15ª edición del “Informe sobre la brecha de género a nivel global”, que la crisis económica y la emergencia sanitaria han impactado más severamente en mujeres que en hombres, levantando nuevas barreras para construir economías inclusivas, provocado el retroceso en algunos avances hacia la paridad conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los ámbitos laboral y doméstico.

Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021, recomienda que la recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para responder al compromiso de “avanzar en la reconstrucción con más equidad” y advierte que, desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en los sectores más afectados.

Así, en línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE, es necesario salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad de género como una prioridad en ámbitos temáticos estratégicos con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen el núcleo de la Agenda 2030.

Es por ello por lo que los Gobiernos locales reunidos en la FEMP invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y RECONOCEMOS:

Todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres como propias.

Que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad.

Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras.

Que la inversión de la paridad de género en los puestos de liderazgo impulsará la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones.

Que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.

Que la inversión en la economía del cuidado es una inversión en infraestructura social con altos retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser considerado como sector generador de empleo.

Que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

Que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz.

Que es preciso dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.